Ley 21.595 sobre Delitos Económicos y ambientales.

La Ley 21.595 sobre Delitos Económicos y Ambientales, promulgada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entró en vigor el 17 de agosto de 2023. Esta legislación introduce diversas modificaciones destinadas a prevenir la comisión de delitos económicos. Para lograrlo, impone mayores exigencias a las personas jurídicas en cuanto a sus sistemas de cumplimiento interno, y extiende estas responsabilidades a los directivos y gerentes de las empresas.

En concreto, la ley establece nuevas obligaciones y estándares de cumplimiento que las empresas deben adoptar para asegurar que sus operaciones se realicen de manera legal y ética. Estas medidas buscan reforzar la transparencia y la responsabilidad corporativa, asegurando que tanto las empresas como sus líderes tomen las precauciones necesarias para evitar conductas delictivas que puedan dañar el medio ambiente y la economía

Las principales modificaciones incluyen:

Fortalecimiento de los sistemas de cumplimiento interno: Las empresas deben implementar mecanismos de control más rigurosos para prevenir, detectar y gestionar posibles infracciones.
Mayor responsabilidad para directivos y gerentes: Los altos ejecutivos son directamente responsables de asegurar que sus organizaciones cumplan con las normativas vigentes y adopten buenas prácticas corporativas.
Aumento de sanciones y penalizaciones: Se endurecen las consecuencias legales para aquellos que incumplan las regulaciones, incluyendo multas significativas y penas de cárcel.

Estas medidas reflejan un compromiso claro por parte del gobierno para combatir los delitos económicos y proteger el medio ambiente, incentivando a las empresas a operar con integridad y responsabilidad social.

Aspectos Clave de la Ley:

Primera categoría: Incluye delitos que siempre serán considerados económicos, como los delitos bancarios y contra el mercado de valores.
Segunda categoría: Delitos que serán considerados económicos cuando se cometan en el ejercicio de un cargo o en beneficio de una empresa, incluyendo los delitos ambientales.
Tercera categoría: Delitos cometidos por funcionarios públicos en colaboración con una empresa, como la malversación de fondos públicos.
Cuarta categoría: Delitos de lavado de activos y receptación cuando están basados en delitos económicos

Desde el enfoque ambiental se considera lo siguiente:

Se incorpora la responsabilidad penal a las ya existentes responsabilidades administrativa y civil. La responsabilidad administrativa se asocia con el cumplimiento de normas ambientales y puede implicar medidas cautelares, procedimientos de fiscalización y sanción por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), incluyendo multas, clausuras y la revocación de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). La responsabilidad civil se refiere a la obligación de reparar e indemnizar por daños ambientales, impuesta por los Tribunales Ambientales. Finalmente, la responsabilidad penal se asocia con delitos económicos y ambientales, incluyendo infracciones a normas ambientales y actos que causen daño ambiental.

Además, se sistematizan los delitos económicos y los atentados contra el medio ambiente, agrupándolos en conductas sancionadas penalmente con presidio o multas:

1. Delitos sectoriales existentes relacionados con componentes del ambiente:

Ley de Caza: Venta de especies prohibidas, caza que excede los límites permitidos.
Ley de Bosques y Ley de Bosque Nativo: Corte no autorizado de árboles, tala de espécies protegidas.
Ley de Pesca: Contaminación de aguas que daña recursos hidrobiológicos.
Ley REP: Manejo ilegal de residuos peligrosos.
Ley de Monumentos Nacionales: Daño a monumentos nacionales.
Código de Aguas: Extracción de agua que no cumple con las reglas de reparto.

2. Nuevos delitos ambientales en el Código Penal:

Contaminación evitando el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con penas mayores si hay un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Contaminación con "autorización", es decir, si se cumple con la RCA o normativa pero se cometen infracciones repetidas sancionadas administrativamente.
Extracción ilegal de aguas continentales.
Delito de afectación grave al medio ambient
Cuasidelito de contaminación por imprudencia o negligencia.
Afectación grave de áreas protegidas como parques nacionales, monumentos naturales, reservas nacionales, humedales o glaciares.

El artículo 310 bis del Código Penal establece las condiciones para determinar afectaciones graves al medio ambiente, considerando la extensión espacial, la duración de los efectos, la irreparabilidad, el impacto en especies y la salud humana, y la afectación de servicios ecosistémicos.

Nuevas infracciones a la Ley Orgánica de la SMA (LOSMA) incluyen:

Las sanciones por estas infracciones pueden incluir presidio menor y multas de 100 a 1.000 UTM, además de otras sanciones contenidas en la LOSMA.

Dado este nuevo marco regulatorio, las empresas deben evitar incurrir en estos nuevos delitos para no arriesgarse a multas y sanciones, contribuyendo así a la protección del medio ambiente. Es crucial identificar y sancionar a los causantes de daños ambientales de acuerdo con la gravedad de sus acciones. Las organizaciones deben reforzar la importancia del cumplimiento normativo no solo para evitar daños ambientales, sino también para evitar sanciones. La gestión de las obligaciones normativas es vital, ya que las leyes contienen las obligaciones aplicables a distintos proyectos y su incumplimiento puede resultar en sanciones. Por lo tanto, la gestión del cumplimiento legal es una herramienta esencial para que las empresas demuestren que su gestión ambiental es correcta y eviten sanciones. Una adecuada administración de las obligaciones normativas, la asignación de recursos para implementar las medidas exigidas y un seguimiento continuo garantizan un desempeño ambiental que cumple con los requerimientos legales y evita sanciones

Referencias